El Colegio de Biólogos del Austro del Ecuador expresa su firme rechazo al Decreto Ejecutivo N.º 60 y a las decisiones conexas del Gobierno Nacional que suprimen y fusionan entidades fundamentales para la garantía de derechos sociales, culturales, ambientales y de género. Estas acciones comprometen gravemente la capacidad del Estado para cumplir sus funciones constitucionales, en particular aquellas vinculadas a la protección de la biodiversidad, la gestión sostenible del agua y la conservación de los ecosistemas.

Desde nuestra ética profesional y responsabilidad científica, advertimos que esta reestructuración institucional debilita la gobernanza ambiental, agudiza los conflictos socioambientales y facilita la expansión de megaproyectos extractivos sin controles efectivos. El caso más preocupante es la fusión de entidades promotoras de la explotación de recursos naturales con aquellas encargadas de regular sus impactos, lo cual genera un evidente conflicto de intereses. Al concentrar ambas funciones en una sola instancia, se desmantela cualquier posibilidad de vigilancia imparcial, dejando al país sin capacidad real de control ambiental.

La eliminación del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica como ente autónomo agrava aún más esta crisis. En lugar de fortalecer la institucionalidad, se cede ante una lógica neoliberal impuesta por organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional, que condicionan financiamiento externo a la reducción del aparato estatal. Bajo eufemismos como “eficiencia” y “optimización”, se encubre una agenda regresiva que sacrifica derechos colectivos, excluye la participación ciudadana y subordina el interés público a fines corporativos, rompiendo con los principios de justicia ambiental y sostenibilidad reconocidos en la Constitución.

A este panorama se suma la desarticulación de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), un organismo clave para el desarrollo científico del país. Su desaparición limita gravemente la formación y la investigación en todas las áreas del conocimiento, incluida la biología en sus múltiples enfoques —de campo, laboratorio o computacional— y debilita la capacidad nacional para enfrentar con soberanía los desafíos ambientales, sanitarios y tecnológicos.

El impacto de estas medidas va más allá del ámbito ambiental: al eliminar instituciones que protegen derechos humanos, de las mujeres, de las culturas y de los pueblos, se erosiona el tejido social, se niega la diversidad y se invisibiliza a las comunidades que históricamente han sido guardianas de la vida y del territorio.

Ante esta grave regresión institucional, hacemos un llamado urgente a la ciudadanía, a las organizaciones sociales, científicas, académicas, indígenas, feministas, culturales y ambientales a mantenerse vigilantes, organizadas y activas en defensa de los derechos y de la vida.

¡Rechazamos la mercantilización de la vida!

¡Exigimos el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental y científica!

¡El ambiente no se vende, se defiende!

Con firmeza y convicción,

Colegio de Biólogos del Austro del Ecuador